Esta Guía de Corresponsabilidad en el Cuidado, fue elaborada por el equipo del Sistema de Apoyos y Cuidados del Ministerio de Desarrollo Social en conjunto con profesionales del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y su objetivo principal es entregar contenidos de género a los equipos técnicos del Sistema, a los profesionales de la Red de Apoyos y Cuidados, a quienes implementan el Servicio de Atención Domiciliaria, a las cuidadoras y cuidadores principales de personas con dependencia, a las familias, y a la comunidad en general en materia de corresponsabilidad para los cuidados.

En el primer capítulo, encontrará algunos conceptos necesarios, desde el enfoque de género, para comprender integralmente la función del cuidado y el por qué las mujeres han desempeñado históricamente este rol. El segundo capítulo, explica qué es la organización social de los cuidados y los resultados de la Encuesta del Uso del Tiempo. El tercer capítulo, expone qué es la Corresponsabilidad, como algunos consejos para medir el uso del tiempo en casa y hacer un hogar corresponsable. Finalizamos con actividades para educar en corresponsabilidad, que pueden ser realizadas por profesionales en talleres grupales o directamente por las familias para mejorar la distribución de las tareas domésticas y de cuidado.

Esperamos que esta guía facilite la construcción de un nuevo modelo social, donde mujeres y hombres compartamos tiempos, espacios y responsabilidades de nuestra vida personal, familiar y laboral, y contribuyamos a pavimentar el camino hacia la igualdad real entre mujeres y hombres.

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Desde hace algunos años que los análisis sobre el trabajo doméstico nos hablan de que asistimos a una “crisis de los cuidados”, -un fenómeno que se ha importado desde Europa para señalar cómo algunas transformaciones en las relaciones de género y que han acompañado la inserción masiva de las mujeres al trabajo remunerado así como el envejecimiento progresivo de la población-, ha visibilizado un problema a nivel global: quién cuida a las personas que no se pueden cuidar por sí mismas.

Cabe la pregunta si en nuestro país asistimos a una crisis del cuidado en los términos que en los países desarrollados se plantea -menor provisión de cuidados gratuitos- en la medida en que al parecer el ingreso de las mujeres al mundo laboral no necesariamente ha significado una redistribución social del trabajo de cuidados, es decir una redistribución entre hombres-mujeres-estado-empresa privada.

De acuerdo con los pocos estudios que se han realizado para medir la cantidad de horas que las mujeres dedican al trabajo doméstico de cuidados, las cifras son claras. Las mujeres dedican muchas más horas. A esto se suma que el trabajo de cuidados a diferencia de otros trabajos implica una carga emocional importante y por sobre todo, una ausencia de jornada laboral. Así, las mujeres y especialmente las mujeres madres no hemos conquistado el derecho a la jornada de ocho horas ni tampoco el derecho al descanso. Sabemos que el cuidado de los niños no termina cuando los dejamos en la sala cuna, el jardín o la escuela o llega alguien, también mujeres,  que nos ayude en nuestro hogar. El cuidado no tiene una lógica de “acá termino yo y comienza otra”, la responsabilidad del cuidado nos acompaña a nuestras oficinas, fábricas y lugares de trabajo incluso en nuestros momentos de esparcimiento. El hecho de no desconectarse, de no apagar los celulares por si “sucede algo” implica que las mujeres permanecemos en un estado de alerta respecto a la familia, los hijos y los padres cuando nos toca cuidarlos, que dudo sea igual para los varones.

En este contexto, si bien hemos avanzado en políticas que han dado un reconocimiento a la dimensión del cuidado como es Chile Cuida y que se han recogido las demandas de los grupos de mujeres acerca de la necesidad de brindar un soporte estatal a la sostenibilidad de la vida, lo cierto es que nos quedan desafíos pendientes a la hora de incorporar a otros actores en la co-responsabilidad del cuidado para avanzar hacia, como ya señalé, una redistribución social y no individual del cuidado. En ese sentido, aludir exclusivamente a una redistribución entre hombres y mujeres si bien puede ser el ámbito más visible lo cierto es que esto tampoco transforma de forma significativa las condiciones de vida de las familias y al mismo sistema de cuidados actual, pues se seguiría pensando el cuidado como una cuestión de sujetos individuales y no como un  hecho social.

Creo que el desafío es construir una sociedad que sea más cuidadora , hospitalaria y amable no sólo con las personas que necesitan de la atención y sostén de otro sino que con las mismas cuidadoras, pues pocas veces nos hacemos la pregunta acerca de ¿quién cuida a las cuidadoras?

Por ejemplo una política de cuidados debe articularse con otras políticas públicas que muchas veces se piensan como ajenas a esta dimensión: los empresarios del transporte deben garantizar un servicio de transporte público adecuado a los niños, adultos mayores, discapacitados y enfermos; las medidas que se han tomado últimamente para evitar la evasión no pueden vulnerar el derecho de estos actores sociales a la movilidad y al cuidado social como lo que sucede con los torniquetes mariposas; la suciedad, la alta velocidad , el colapso , etc., sin duda hablan de una transporte mercantilizado que no cuida a la sociedad y menos aún a los actores más vulnerables.

Asimismo, las necesidades de esparcimiento y utilización de áreas verdes en nuestro país siguen siendo dramáticamente desiguales. En este contexto las políticas de cuidado de niños y adultos mayores deben necesariamente cruzarse con las políticas de áreas verdes, con obras públicas, etc. También con las políticas de salud, pues sabemos que el trabajo de cuidados lleva una fuerte carga a nivel de salud y disminución de años vida y por supuesto abandonar la idea y las prácticas asociadas, de que son las mujeres las únicas encargadas de la salud de los niños, enfermos y adultos mayores.

Las políticas de educación también son necesarias, pues a más de veinte años de instalación de la reforma educacional es inaceptable que aún no se implementen las jornadas escolares completas en el primer ciclo o que los jardines estatales no funcionen en un horario extendido. Por otro lado, la discusión acerca de las tareas escolares si bien existen argumentos razonables para defenderlas es claro que estas respondían a un modelo en que las madres no trabajaban; finalmente estas políticas también deben garantizarse en el corazón de la vida de una sociedad: el trabajo, una reforma al código del trabajo es fundamental. Garantizar la conciliación vida familiar y vida laboral para que no quede al antojo del empresariado, eliminar la cláusula  acerca de que la obligación de una sala cuna solo se aplica cuando hay veinte o más trabajadoras mujeres y finalmente, instalar de manera seria la discusión acerca del salario del trabajo doméstico no como una cuestión de obtener un  poco más de dinero y menos aún como un subsidio de responsabilidad exclusiva del estado bajo un esquema de focalización, sino que desde una perspectiva que reestructure las relaciones sociales y económicas en términos más favorables para nosotras y como una forma en que podamos comenzar a rebelarnos contra esa insidiosa idea de que las mujeres son las únicas que saben cuidar, que lo hacen por amor y que esta naturaleza afectiva y femenina lo hace un trabajo gratuito y no valorable. Como ven, nos queda mucho por avanzar.

Durante siglos, desde que la humanidad tiene memoria y en todas partes del mundo, han sido las mujeres las que cuidan a todos los que necesitan ser cuidados: cuidan a los niños, a los enfermos, a los discapacitados, a los ancianos, a los moribundos y hasta los heridos en las guerras.

Esta carga adicional de trabajo nunca ha sido reconocida como un trabajo. Estas tareas han sido invisibilizadas y poco valoradas incluso por las mismas mujeres.

Para mayoría de la gente es algo natural que sean las mujeres las que cumplan con este rol. Nadie toma en cuenta la voluntad de las mujeres para exigirlo como un deber ineludible, que solo se hace visible, cuando no se cumple. Desde que nacemos nos educan para cuidar a otros y si alguna mujer no cumple este imperativo social, es duramente criticada y el reproche social es implacable.

El tener que cuidar a otros en alguna etapa de sus vidas, es una circunstancia que afecta a la mayoría de las mujeres, con un costo para muchas de ellas inconmensurable. Es uno de los factores que repercute en los bajos salarios, la feminización de la pobreza, las lagunas previsionales, las dificultades que tienen las mujeres para acceder a espacios donde se toman las decisiones. Es lo que muchas veces explica las diferencias salariales entre hombres y mujeres, y que   afecta los proyectos de vida y de realización de muchas. ¿Cuántas mujeres se han visto obligadas a abandonar sus profesiones, dejar de trabajar, dejar de estudiar, por cuidar a un hijo enfermo?

El “sistema de cuidados existente en Chile” se ha sustentado desde siempre en las mujeres.

El cuidado de los niños, recae sin apelación posible en sus madres o abuelas; el cuidado de las personas mayores supuestamente en las familias, pero en la práctica, casi sin excepción en las mujeres de esas familias.

Un modelo de cuidados en crisis

El crecimiento demográfico acelerado de la población mayor, producto del aumento de sus expectativas de vida, ha traído como consecuencia el aumento de personas de mayores que necesitan ayuda de manera cotidiana, para resolver aquellas necesidades que por su edad y niveles de dependencia, no pueden resolver por sí solas.

La creciente incorporación de las mujeres al trabajo remunerado choca de frente con su “obligación de cuidar” lo que hace que la demanda de cuidados vaya en aumento y la posibilidad de contar con cuidadoras se dificulta cada vez más.

En el espacio familiar se reproducen las mismas desigualdades existentes en la sociedad y son los adultos mayores los más perjudicados. Quienes tienen recursos, pueden acceder a cuidados de calidad, quienes no los tienen deben enfrentarse a una realidad cada vez más adversa. La sobrecarga de trabajo que tienen las mujeres cuando acceden al mundo del trabajo remunerado, restringe sus posibilidades de cuidar a las personas mayores ya que están obligadas a privilegiar el cuidado de sus hijos especialmente cuando son pequeños. En los estratos socio – económico más bajos es frecuente encontrar a personas mayores con dependencia que viven solas, que sus familias no pueden cuidarlas y que viven sus últimos días, desprotegidas y sin recibir los cuidados que requieren en sus domicilios.

La mayor conciencia de la población acerca de sus derechos, la lucha constante de las mujeres por una mayor participación social, las exigencias del mundo moderno y las profundas trasformaciones experimentadas por las familias chilenas, han puesto en jaque la posibilidad de continuar sustentando la demanda de cuidados a nivel social, en las familias y por ende, en el trabajo gratuito, aportado hasta ahora por las mujeres como parte del modelo cultural y económico imperante.

El viejo espejismo de que el espacio más adecuado para cuidar a una persona cuando envejece, es el seno de su familia, rodeada por el amor de sus hijos y cuidada por sus hijas, ya no funciona. La dura realidad de la mayoría de las mujeres que necesitan trabajar para asegurar la subsistencia de su grupo familiar, impide que sigan haciéndose cargo del cuidado de todos los miembros de sus familias que lo necesiten. Los cambios en la estructura de las familias chilenas dentro de las cuales más de la cuarta parte de ellas son mononucleares y las jefas de hogar son mujeres, los presupuestos familiares precarios, la inexistencia o disfuncionalidad de algunas familias, las jornadas laborales extensas   aumentadas por las distancias entre las viviendas y los lugares de trabajo, el tamaño de las viviendas, la peligrosidad de los barrios hacen ilusoria cualquier política pública que no se base en la realidad actual de la mujeres y sus familias y que no haga corresponsable a la sociedad en su conjunto del vacío que se ha generado en la función social del cuidado de las personas dependientes.

Importancia de la ratificación de la Convención de Derechos Humanos

La Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores recientemente suscrita por Chile y aprobada de manera unánime por el parlamento, reconoce que el cuidado de las personas, es una función social y un derecho, al igual que el derecho a la salud, y debe ser garantizado por el Estado.

Esta nueva realidad obligará de ahora en adelante, a los gobiernos de Chile a destinar recursos y a generar nuevas políticas y mecanismos que permitan garantizar el cumplimiento de este derecho humano reconocido y comprometido en la Convención.

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Paulina Weber

Directora del Movimiento de Emancipación de Mujeres Chilenas – MEMCH-

El cuidado ha sido definido como una necesidad de todas las personas en todos los momentos del ciclo vital, aunque en distintos grados, dimensiones y formas. El trabajo de cuidado, en consecuencia, ha sido central en la procura del bienestar social, en la medida en que comprende un conjunto de actividades, bienes y servicios necesarios para la reproducción cotidiana de las personas, que tiene gran incidencia en el desarrollo de los países pues constituye un aporte importante a la economía y niveles de bienestar de las naciones. Sin embargo, no ha sido hasta muy recientemente que se ha empezado a reconocer la importancia del cuidado en la sostenibilidad de la vida. Ha sido la llamada crisis de los cuidados, resultado de las profundas transformaciones sociodemográficas de los últimos tiempos, quien ha develado las profundas desigualdades y escasa valoración social que se esconden tras este trabajo, provisto fundamentalmente por las familias, y en particular por las mujeres. A ello, cabría añadir los cambios, no menos importantes, en la consideración del significado de cuidar y en las expectativas en relación a la calidad de los cuidados, tanto para los niños y niñas, como para las personas mayores en situación de dependencia o las personas con enfermedades crónicas o en situación de discapacidad.

Debido a la enorme trascendencia e impacto del trabajo de cuidado, desde el punto de vista de la política pública, el debate sobre el tema ha traspasado las fronteras del espacio académico para convertirse en una cuestión política clave dentro de las discusiones sobre la reestructuración de los sistemas de protección social. En Chile, la incidencia e impacto tanto de los factores demográficos como de los procesos sociales de cambio y de las concepciones acerca del cuidado, han erosionado el modelo previo de organización social de los cuidados, disminuyendo la oferta de cuidadores y aumentando la demanda de cuidado.

El retraimiento del Estado ha significado una alta individualización, una mayor vulnerabilidad de las personas y una recarga extraordinaria para las familias. La familia ha pasado a estar en el centro de las tensiones, compensando el retiro y debilidad del Estado en la protección social, al tiempo que, mitigando los impactos e inestabilidades asociadas a los ciclos económicos, particularmente determinantes en una sociedad donde el mercado ocupa un lugar tan protagónico.

Los instrumentos jurídicos que aseguren el derecho multidimensional al cuidado aún son débiles y aunque se ha avanzado en la formulación de nuevos marcos normativos, su instalación definitiva y evaluaciones comprensivas no se han materializado. Por su parte, se experimentan tensiones entre los niveles de ejecución de la política (central y local) y la gestión de las leyes, además de una alta focalización y subsidiaridad que impiden que amplios sectores medios con bajas remuneraciones no estén adecuadamente cubiertos en sus derechos fundamentales en torno al cuidado.

Los programas existentes se encuentran permeados por una serie de lógicas y prácticas profesionales, políticas y ciudadanas distintas y, en ocasiones, contradictorias. La intervención resulta influenciada por los códigos profesionales que a su vez se encuentran tensionados con la lógica política y la familiar. Por ende, resulta importante considerar sus diferentes racionalidades, lógicas y significaciones.

Frente a las crecientes demandas, el nivel de la oferta es deficitario, costoso y carente de estructuras de atención alternativas a los cuidados informales y compatibles con las múltiples necesidades de las familias y las personas que requieren cuidados. El escenario es más complejo por cuanto está atravesado por una alta desigualdad en la distribución y provisión del cuidado según género, clase, parentesco, grupos que requieren cuidados y territorio. Se observa además el aumento de dinámicas de mercantilización de los cuidados, sin un diseño adecuado y suficiente de servicios sociales, para las personas y las familias. El trabajo de cuidado sigue experimentando una fuerte devaluación social, por cuanto quienes lo proveen, fundamentalmente las mujeres, y las personas que se identifican como demandantes (personas mayores, niños/as o en situación de discapacidad) son portadores de un bajo estatus social. Esta disparidad se acentúa debido a la consideración de una cultura maternalista en las políticas sociales que continúa perpetuando la división sexual del trabajo y los estereotipos de género.

En respuesta a estos déficits, en Chile se han producido importantes transformaciones de los cuerpos normativos y la política social que regulan y protegen el derecho a cuidar y ser cuidado y la protección social en general. En particular, destaca el avance durante el actual Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet en el diseño e implementación de un Subsistema Nacional de Apoyos y Cuidados Chile Cuida. Aunque su puesta en práctica es incipiente aún, este paso puede interpretarse como una consolidación del paso de políticas asistenciales y compensatorias (basadas exclusivamente en atender las necesidades básicas de determinados sectores de población en situación de vulnerabilidad) hacia una política de reconocimiento más amplio de derechos.

Sin embargo, la puesta en práctica de este subsistema aún está en proceso, y requiere de monitoreo y evaluación. El año 2016, el Comité Intersectorial de Desarrollo Social aprobó la propuesta de un modelo de gestión del Subsistema y la oferta pública que conformó su primera fase de implementación. La propuesta del Ministerio de Desarrollo Social para la primera fase de implementación, según el Informe de Desarrollo Social 2017 del mismo organismo, es poner el foco en los hogares con personas con dependencia moderada y severa que pertenezcan al 60% de menores ingresos, de acuerdo a la Calificación Socioeconómica del Registro Social de Hogares.

Teniendo en cuenta lo previsto para esta primera fase, el diseño y puesta en ejecución de la política sigue priorizando a los sectores más pobres. Algunos de los desafíos que se visualizan tienen que ver con prevenir la reproducción de desigualdades de género e intervenir en materia de corresponsabilidad. Se hace necesario fortalecer la perspectiva de género para procurar la integralidad y eficiencia en el diseño e implementación de las políticas sociales. Junto con ello, surge la necesidad de considerar un abordaje familiar en las políticas de cara a reducir la dispersión y fragmentación con que las políticas llegan a su población objetivo. La responsabilidad del cuidado debería compartirse entre varios agentes institucionales y sociales, propender a una cobertura universal en base a prestaciones básicas topadas; gestionarse de manera descentralizada; garantizar una provisión mixta y canalizar las reivindicaciones y demandas sociales mediante un amplio sistema de participación de los agentes sociales y económicos y las ONG en varios sistemas consultivos. En suma, se trata de un sistema de protección social universal que haga énfasis en el cuidado como norte claro hacia el bienestar social.